Colaboraciones y Poemas de Enrique Cervantes Ramirez

CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE…

EL MEXICO QUE SE NOS FUE ENTRE LA IMPUNIDAD Y LA DESESPERANZA

En el informe correspondiente a este año por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, Sedena, sobre el crimen organizado en México, el ejercito detuvo en operaciones realizadas entre el primero de enero y el 19 de diciembre a caso 6,000 narcotraficantes, además de incautarles mas de 14,000 armas, destruir 644 pistas clandestinas de aterrizaje, asegurar 5,000 vehículos y decomisar 1,500 toneladas de yerba, lo cual abatió parte de la capacidad de respuesta de estas organizaciones delictivas.
En el documento enviado por la Sedena se indica que el volumen de marihuana arrebatada a narcotraficantes asciende a 1,506 toneladas, mientras que de cocaína alcanzan las cuatro toneladas, y en el caso de la heroína se incautaron 112 kilos. De igual modo el personal militar golpeo las finanzas de los carteles de la droga, de acuerdo al documento durante este periodo fueron asegurados 57 millones 174,551 dólares y 35 millones 897,000 peos en efectivo, (aproximadamente poco mas de 60 millones de dólares), perdidas que se suman a la de drogas, vehículos, aeronaves y embarcaciones confiscadas.
Durante el año 2008 fueron capturados 5,873 presuntos narcotraficantes, de los cuales 126 resultaron ser extranjeros. Las detenciones mas relevantes que realizo el ejército mexicano fueron las de Alfredo Leyva, “el mochomo”, uno de los principales jefes del cartel de Sinaloa, el cual fuera aprehendido en enero pasado. Dicho arresto evidencio la aparente ruptura de los hermanos Beltrán Leyva con la organización criminal que dirigen conjuntamente Joaquín “el chapo” Guzmán e Ismael “el mayo” Zambada. Otra detención importante fue la de Alberto Sánchez Hinojosa, mejor conocido como “el comandante Castillo”, supuesto cabecilla del cartel del golfo en Tabasco, la de Jesús Reynaldo “el rey” Zambada, hermano de “el mayo”, A Eduardo Arellano Félix, “el doctor”, líder del cartel de Tijuana, a Jaime González Duran, “el hummer”, uno de los fundadores y principales dirigentes de los zetas, (grupo armado conformado por ex militares y desertores del ejercito que opera en beneficio del cartel del golfo), y a Ángel Orlando García Urquiza, hermano de Ricardo García, apodado paralelamente “el doctor”, -preso desde 2005-, uno de los mas importantes operadores del cartel de Juárez.
En este periodo anual las fuerzas armadas lograron localizar y destruir 644 pistas ilegales de aterrizaje, que eran utilizadas por los delincuentes para el transporte de la droga. Los militares además aseguraron 279 aeronaves, 62 embarcaciones y 5,155 vehículos terrestres. Inclusive en la denominada “Operación Chihuahua” el ejército decomiso en el municipio de San Buenaventura un cohete, un lanzacohetes y 33 granadas de diversos modelos. En Reynosa, Tamaulipas se confisco un arsenal de 500,000 cartuchos de diversos calibres, 278 armas largas, -fusiles AK-47 y rifles Barret entre otros-, 126 armas cortas, 300 granadas, dos lanzagranadas, 14 cartuchos de dinamita, 67 chalecos antibalas, 970,300 pesos y 86,740 dólares en efectivo.
Sin embargo a su vez la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, dio a conocer un informe más que preocupante para nuestra nación, ya que contabilizo a 48 millones de victimas del delito en el país en los últimos tres años. Igualmente señalo que de 2001 a la fecha suman ya 17,198 los ejecutados, (10,500 de ellos desde 2006), y la cifra de 20,000 secuestros.
Estos números forman parte del segundo informe especial sobre la seguridad publica presentado por el abogado y jurista José Luis Soberanes Fernández, -presidente de la CNDH-, sobre la ola de violencia que azota a nuestro país, dígitos que contrastan con los documentos oficiales, los cuales contienen hasta dos o tres índices menores a los registrados por la propia comisión.
De acuerdo a los datos oficiales, en los últimos once años se denunciaron 18,000 millones de delitos del fuero común y federal ante el Ministerio Publico, “pero estos números no reflejan la incidencia delictiva real, porque ahí no se contempla la cifra negra de los delitos no denunciados”, señalo contundente Soberanes.
Si se toma en cuenta la cifra negra, menciono, “de 2006 a 2008 es el periodo en el que se presenta el mayor incremento de incidencia delictiva, tan solo hubo 48 millones de victimas del delito en todo el país, un promedio de 16 millones al año y 43,835 diarios”. Todos estos con un margen de impunidad que alcanzan el 98.76 %.
En el rubro de las ejecuciones la CNDH avala más de 17,000 muertes atribuidas al crimen organizado desde 2001. Tan solo en lo que va del año se registraron 5,585 homicidios de este tipo. Chihuahua con 1878, Sinaloa con 853 y Baja California con 535 ocupan los tres primeros lugares de este 2008. El 86 % de los ajusticiados resultaron ser particulares, un 12 % servidores públicos y un 2 % menores de edad.
En lo referente al secuestro, de 2001 a noviembre de 2008 se notificaron de manera oficial 5,140, “pero considerando la cifra negra, -donde uno de cada cuatro secuestros no se denuncia-, se cometieron 20,000 plagios durante dicho periodo, un promedio de 2,500 al año, y 7 por día, esto a pesar de la existencia de una estrategia nacional contra el secuestro”, indico con molestia y pesar el presidente de la CNDH.
Para complementar esta información este mismo organismo expuso que se presentaron ante sus oficinas un total de 5,192 expedientes de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, ocupando el primer sitio precisamente la Sedena, con 631 reclamos, en segundo lugar el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, con 478 protestas, en tercer puesto la Procuradoria General de la República, PGR, con 303 demandas, en cuarta posición esta la Secretaria de Educación Publica, SEP, con 164 requerimientos, en la quinta colocación esta la Policía Federal Preventiva, PFP, con 151 peticiones; en sexto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, con 147, en séptimo la Secretaria de Seguridad Publica, SSP, con 143, en octavo el instituto nacional de migración, con 135, en noveno el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, -de la Secretaria de Gobernación-, con 110, y en decimo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, INFONAVIT, con 104.
Lo cual se desglosa en los siguientes apartados: 1,170 denuncias por ejercicio indebido de la función pública, 755 por prestación inadecuada o negativa del servicio público de salud, 731 por cateos y visitas domiciliarias ilegales, 665 por detención arbitraria, 588 por trato cruel o degradante, 455 por ejercicio indebido del cargo, y 322 por robo. Otras quejas recibidas posteriormente fueron: 237 por negativa al derecho de petición, 164 por retención ilegal, 215 por prestación indebida del servicio publico, 227 por violación a los derechos del migrante, 182 por violación al derecho de la legalidad y a la seguridad jurídica, 158 por retraso en el procedimiento administrativo, y 126 por violación a los derechos de los reclusos. Y para concluir: 97 querellas por prestación inadecuada o negativa del servicio público en materia de educación, 79 por tortura, 31 por amenazas, y 34 por violación al derecho a la integridad de los menores. Guarismos contundentes e inapelables que terminan por desarmar así cada nueva estrategia oficial.